GATOPARDISMO | Conceptos y Decisiones | Adán Córdova*

“Si queremos que todo siga como está,
es necesario que todo cambie”

En las ciencias políticas se conoce como “gatopardismo” o “lampedusiano” a la expresión de “cambiar todo para que nada cambie”, paradoja expuesta por Giuseppe Tomasi di Lampedusa en la novela “El Gatopardo”, aplicada de manera ordinario al sujeto -comunmente político- que inicia o promueve una transformación, pero que en la práctica sólo modifica la parte superficial de las estructuras de poder.

Tal vez esta expresión por si misma nos parezca extraña incluso ilógica, sin embargo es una estretegia muy recurrente bajo algunas circunstancias políticas, sociales, económicas o culturales y la herramienta más usual suele ser el marco jurídico.

Ejemplo de esto es una reforma jurídica anunciada como la solución a los conflictos y pasado un tiempo estos continúan en las mismas condiciones o incluso incrementan los niveles de rígidez o cuando se crean instituciones –comisiones especiales- para realizar actividades que detecten anomalias para responsabilizar a los culpables y al finalizar las acciones se deduce que no hay delito que persiguir ni culpables que sancionar.

Durante la última década se han realizado múltiples ejercicios normativos que nos permiten presumir un avance en materia jurídica, pero los cambios y reformas realizadas no impactan por si mismas se tiene que garantizar que quienes las interpreten y resguarden su cumplimiento entienden que la utilidad del derecho –como política pública- es buscar el beneficio colectivo.

A nivel nacional existen ejemplos emblemáticos por su difusión e impacto social y el repudio inmediato que le provocan a la sociedad quienes los comenten como el de la Casa Blanca, sin embargo hay casos de menor escala, pero no por ello menos importantes.

La venta de sentencias o el sentido de un voto, el contratar amigos o familiares para la ejecución de obras para obtener mayores precios y mejores ganancias para quien contrata y quien es contratado; asignar los contratos para asesoría o designar funcionarios públicos a quienes sin contar con la capacidad técnica o experiencia suficiente la afinidad política o civil, subsanar requisitos etc., parecen ser de las acciones más comentadas en las reuniones locales. Nos asombramos como sociedad, pero el período de interés es corto porque ocurren de manera ordinaria, tanto que nuestros paradigmas lo califican de normal porque son legales.

Entonces, vale la pena plantearse la interrogante ¿Qué hacer para que nuestro Estado de Derecho se fortalezca y no se convierta en una herramienta gatopardista o lampedusiana?

Considerar que toda reforma de ley contiene una exposición de motivos que son los objetivos del legislador que las propone; que existen múltiples interpretaciones para una misma expresión gramatical, depende del grado de conocimiento, experiencia e interés que se persiga por quien interpreta; que resultan insuficientes las reformas legales que otorgan más facultades a las instituciones públicas sino se fortalecen y se repiten las mismas prácticas de presión para la asignación de presupuesto o selección de servidores públicos.

Si queremos que el gobierno cambie para no seguir igual, debemos denunciar las irregularidades en cualquier ámbito en el que participemos, cambiar el paradigma de que así debe ser porque así se ha hecho; considerar que nuestros derechos son exigibles cuando se encuentran en la ley y la exigencia es exclusiva de los ciudadanos. Es posible alcanzar una verdadera transformación si dejamos el estado gatopardista e iniciamos por hacer un cambio integral en nosotros mismos.

(*) El autor es Presidente del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción en Oaxaca. Egresado de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO), el Centro de Investigaciones Jurídico Políticas de las Universidad Autónoma de Tlaxcala (CIJUREP UATx), el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), actualmente cursa la Maestría Interinstitucional en Derechos Humanos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

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