Templo Mayor | F. Bartolomé | 24/07/2019

BAJO, muy bajo cayó en Baja California la política cuando anoche, prácticamente a escondidas, el Congreso estatal validó la reforma que le roba a sus habitantes tres años de gobierno y se los regala al morenista Jaime Bonilla.

ES CLARO que el gobernador electo no tiene la estatura moral para rechazar el regalazo, del que él mismo ha sido promotor. De hecho, dicen que uno de sus creadores fue su segundo de a bordo, Amador Rodríguez Lozano, quien también estuvo detrás de la reforma que le permitió a Manuel Velasco ser gobernador, pedir licencia, ser senador, pedir licencia y luego ser interino de su interino en Chiapas. Hoy es de esos días en que la legalidad pierde toda legitimidad.

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¡UFFF! Menos mal que un juez concedió un amparo para evitar la detención de Carlos Romero Deschamps. Así el líder petrolero podrá acudir al inicio de la construcción de la refinería en Dos Bocas, de cuyos trabajadores también será líder.

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HOY SERÁ un día importante en la Cámara de Diputados, pues se tiene programado que la Comisión de Salud apruebe el nuevo etiquetado para alimentos y bebidas. O, al menos, esa es la idea, pero la realidad es que los tironeos están tan intensos que nadie puede cantar victoria todavía.

LAS EMPRESAS reconocen la crisis de salud por los casos de diabetes y sobrepeso en México, como se lo explicó ayer por carta Jaime Zabludovsky, de ConMéxico, a la diputada Miroslava Sánchez, presidenta de la comisión.

SIN EMBARGO, afirman que sería contraproducente crear un nuevo etiquetado cuando el actual sólo lleva tres años funcionando. Según sus estudios, el público que realmente lee lo que se está comiendo o bebiendo se ha incrementado… pero apenas son dos de cada 10 consumidores.

A ESO hay que sumar, dicen, que el etiquetado que ahora se quiere desechar implicó un gasto de 5 mil millones de pesos, para el diseño, producción y despliegue en casi 800 mil productos.

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AYER el Presidente se reunió con los banqueros de México y, según contó, le dijeron que están “dispuestos” a otorgar créditos hasta por 500 mil millones de pesos. Ahora ya nada más falta que el gobierno les dé certeza jurídica, que no les cambie las reglas del juego en cada mañanera, que las decisiones técnicas no sean políticas, que se gobierne con la realidad y no con otros datos, que haya licitaciones transparentes y no dedazos millonarios; y si no es mucho pedir, que el propio mandatario acepte que sus críticos no son necesariamente sus adversarios.

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